El incumplimiento del pago de cotizaciones previsionales genera una deuda que crece automáticamente desde el primer día de mora. No existen multas fijas únicas: el costo se compone de reajuste IPC más intereses penales, y la deuda puede escalar rápidamente si no se regulariza. Adicionalmente, las AFPs están obligadas por ley a iniciar cobro judicial.
Un empleador que acumula 3 meses de cotizaciones impagas puede enfrentar una deuda que supera el 120% del capital original, sumando reajuste e intereses. Si acumula 12 meses, la deuda puede duplicarse. Este es uno de los pasivos más costosos y rápidos de generar en una empresa, y uno de los más difíciles de negociar una vez que entra en cobranza judicial.
La Ley 17.322 establece que las instituciones previsionales tienen la obligación legal de cobrar judicialmente las cotizaciones morosas — no es facultativo. El empleador no puede esperar a que "le avisen": la demanda puede llegar sin notificación previa una vez que la deuda cumple los requisitos de cobranza.
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